Al Ministro de Industria, josé Manuel Soria, se le ha descubierto el pastel, y vienen malos tiempos para el (quien siembra vientos, recoge tempestades). Hace unos días el Ministerio de Industria reconoció ante el Alto Tribunal que sólo hubo un informe externo y que no se usó (su fecha de presentación es más de cuatro meses posterior a la aprobación del hachazo renovable en junio de 2014) a la hora de diseñar la normativa que ha supuesto el recorte de 3.000 millones a los ingresos de las instalaciones renovables y de cogeneración. Lo cual quiere decir, que las cantidades del recorte y la tristemente famosa «rentabilidad razonable» fueron calculados arbitrariamente, bajo la fuerte influencia de la ideología anti-renovables del Gobierno del PP.
Afortunadamente, sus días de campar a sus anchas en el campo de battalla renovable tocan a su fin, puesto que hay una legión de abogados, formada por más de 50 profesionales del derecho, que ya está trabajando en la estrategia a seguir en la ampliación del expediente administrativo abierto en el Tribunal Supremo en relación con los más de 300 recursos presentados contra la Orden Ministerial que fijó los parámetros retributivos de las energías renovables.
Días atras se reunieron un buen número de ellos en Madrid, en el grupo jurídico creado por la patronal fotovoltaica Unef, para analizar el nuevo horizonte que se ha abierto tras estas declaraciones del Ministerio.
El grupo jurídico de Unef, liderado por el despacho de abogados Holtrop, trabaja de forma coordinada con los de otras grandes patronales renovables, Appa y Anpier, para pedir ante el Supremo una nueva ampliación del Expediente Administrativo con el objetivo de que Industria aporte y explique la metodología utilizada para establecer los parámetros de inversión que sirvieron de base para el recorte renovable.
«De los 150.000 páginas de toda la documentación aportada por Industria al Supremo, en ninguna de ellas figura la metodología. Nos preguntamos y le preguntamos al Ministerio qué fuente de costes ha utilizado, ¿la del informe de Roland Berger o la aportada por todas las instalaciones renovables? y ¿cuáles han sido los criterios o se ha establecido una media de costes entre las diferentes instalaciones?», señala Daniel Pérez, socio del bufete Holtrop, con sede en Barcelona.
También quieren saber los recurrentes ante el Supremo que, en caso de haberse usado el informe de Roland, ¿qué versión se utilizó? Los abogados sospechan que hubo otros informes anteriores que presentaron tanto la propia Roland Berger como la otra consultora externa contratada por Industria, Boston Consulting, pero que desde el Ministerio se les conminó a maquillar sus resultados para que las conclusiones se acercasen más a las que buscaba el Departamento que dirige José Manuel Soria, «que ya desde 2013 tenía claro que tenía que recortar 3.000 millones a los ingresos de las renovables», señala Pérez, que desde Holtrop defiende los intereses de 1.500 promotores fotovoltaicos, muchos de ellos agrupados en los 300 recursos presentados contra la norma ante el Supremo.
Fuentes del entorno de las dos consultoras confirman este hecho: desde Industria les han presionado para que cambiaran sus informes. Roland aceptó y presentó un documento ad hoc, pero Boston se negó y por eso el IDAE, dependiente de Industria, rompió el contrato acusando a la consultora decana de las renovables en España de incurrir en «incumplimientos».
Los abogados pedirán que Industria explique cuáles fueron los incumplimientos de Boston para resolver el contrato, «tirando a la basura casi un millón de euros en unos informes que no existieron y que si alguno existió, el de Roland, fue manipulado por exigencias del guión del Ministerio», denuncia otra fuente jurídica.
El grado de desconfianza del sector renovable ante la metodología que pueda haber utilizado Industria ha hecho que se encargue un «reperitaje o nuevo estudio pericial» con los datos recabados de más de 1.250 instalaciones, «aplicando en este caso los estándares aportados por el informe de Roland Berger, con el objetivo de demostrar que las conclusiones no se ajustan en nada a la realidad y ponen en evidencia la arbitrariedad del Ministerio a la hora de aplicar los recortes», señalan fuentes jurídicas.
La legión de abogados confía en que el Supremo obligue tanto a Industria como al IDAE a aportar los datos concretos de su metodología.
Como podemos comprobar tras las últimas informaciones al respecto, de nuevo el Gobierno del PP hace uso de las instituciones (Ministerio e IDAE en este caso, al «estilo Montoro» con Hacienda) para conseguir sus objetivos partidistas, incurriendo en presuntas ilegalidades, para salirse con la suya frente a la oposición de miles de pequeños inversores que han visto arruinadas sus expectativas frente a los sucios recortes de Industria.
Desde Reenergiza esperamos que el asunto judicial se resuelva satisfactoriamente, y se depuren todas las responsabilidades. Estamos seguros de que Soria ha obrado movido por intereses espúreos y en contra de la ciudadanía, y eso deberá pagarlo tarde o temprano.
Vía Voz Pópuli
Desde el mismo titulo, inapropiado a mi parecer por sustentarse solamente en presunciones, el artículo es una consecución de suposiciones. No me gusta nada. Estoy de acuerdo en que la legislación retroactiva no es apropiada y provoca inseguridad jurídica, aunque también en que lo que hizo el gobierno anterior es lo que lo provocó la reacción. es un tema complicado, ni blanco ni negro, pero este tipo de opiniones no ayudan. Un saludo.
Estimado Alvaro,
Gracias por tu comentario, pero discrepo totalmente. Coincido en que la mayor parte de las veces las cosas no son sencillas, ni blanco ni negro, como dices, y que hay cierta persecución de las renovables desde épocas socialistas. Pero en este caso, la cosa está bastante clara. Sea o no constituyente de delito este comportamiento que ha tenido el Ministerio de Industria, bajo el mandato de José Manuel Soria, lo que si parece es que han obrado mal, y así lo han reconocido desde el mismo Ministerio ante el Tribunal Supremo.
En cualquier caso, si es delito, deberán asumirse responsabilidades políticas y judiciales. Y si no lo hubiera, sigue siendo un comportamiento inadecuado y para nada ejemplar, que al menos debería acarrear la asunción de responsabilidades políticas, si estos políticos fuesen dignos de representarnos y honorables, cosa que dudo y que cada día hacen más evidente.
El recorte a las renovables es claramente un recorte ideológico. Los siervos de las compañías energéticas que son los miembros del PP no pueden permitir que un sector tan lucrativo como es el de la energía pueda «democratizarse» gracias a las tecnologías renovables, y que cada ciudadano pueda autoconsumir su propia electricidad, generada in situ. Y además campan con una hipocresía total, ensalzando su apoyo a las tecnologías limpias cuando van a Bruselas o al extranjero, mientras que aquí arruinan a 50.000 familias basándose en un argumento que ahora se ha desmontado como un castillo de naipes. Y lo que ha costado. La falta de transparencia ha sido total, y sólo mediante interpelación judicial ha sido posible que «cante la gallina».
En definitiva, no se trata tanto del mal que han hecho con estas políticas (que es mucho, especialmente para aquellas familias y ojo, fondos de inversión extranjeros) sino del talante, de la actitud, de la intención y el interés en machacar a un sector que podría generar ese millón de puestos de trabajo imaginarios del que Rajoy se llena la boca en sus fantasías oníricas que verbaliza últimamente. Y todo eso sin recibir subvención ni prima alguna, porque YA NO HACE FALTA SUBVENCIONAR LA FOTOVOLTAICA, sólo dejarla trabajar, y ni si quiera eso nos están permitiendo.
Cierto es que el desmadre de las primas fue como consecuencia de un error garrafal del gobierno de Zapatero, y de su responsable de Industria, Miguel Sebastián. Pero también se ha demostrado desde el sector innumerables veces, que a pesar del desmadre y de la dimensión económica de las primas, el beneficio económico generado por las instalaciones fotovoltaicas es mayor que el coste de las primas (en ahorro de emisiones e importación de combustibles fósiles). Por lo tanto, el argumento principal para recortarlas es totalmente absurdo.
En cuanto a que el artículo es una consecución de suposiciones, imagino que te refieres a donde dice que juzgarán a Soria. Si, tienes razón, es solo una suposición. De hecho es más que eso: un deseo. Un deseo de que se haga justicia con uno de los ministros más dañinos que ha parido esta democracia imperfecta, que permite que se anteponga los intereses de unos pocos ante el bienestar de la ciudadanía; que utiliza las instituciones con intereses partidistas (como Montoro y Hacienda); y que provienen de un partido político donde la corrupción está instalada en todo su núcleo desde hace más de 20 años.
Y todo esto, amigo Álvaro, es mas de lo que uno puede soportar. Y hay que denunciarlo públicamente. Es lo mínimo que se puede hacer.
Gracias de nuevo por tu comentario y un saludo.